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Matrimonio cubano son condenados a prisión por evadir impuestos en Miami.

El Nuevo Herald.- Raúl Sosa, propietario de un millonario negocio de venta de chatarra en Hialeah, fue sentenciado a seis años y medio de prisión el miércoles por defraudar al fisco por $1.5 millones. Su esposa, Maura Sosa, fue sentenciada a cuatro años de cárcel por el caso de evasión de impuestos.
Sosa, quien llegó de Cuba durante el éxodo del Mariel, en 1980, con 17 años de edad, logró levantar una empresa de venta de chatarra y partes de automóviles que entre el 2004 y el 2008 generó $29 millones.
Pero, de acuerdo con las autoridades, la pareja se las arregló para esconder del gobierno federal una gran parte de los ingresos de la compañía, Accion 1 Auto Sales. Raúl Sosa, de 52 años, y Maura, de 49, reportaron al IRS solamente un fracción de las ventas entre el 2004 y el 2008. Así la pareja evadió reportar al menos $4.5 millones en ganancias, según la acusación de las autoridades.
La pareja, que vivía en Miami Springs, debe más de $1.5 millones en impuestos. 
Debido a que Raúl Sosa tiene un historial delictivo, su sentencia podría haber sido de entre cuatro y cinco años, de acuerdo con las directrices de sentencias federales. Pero los fiscales del caso instaron al juez K. Michael Moore a que dictara una sentencia más severa que las estipuladas en las directrices.
“Este caso no es para nada el primer encontronazo con la ley de este acusado”, escribió el fiscal Michael Davis en documentos federales esta semana, destacando que Raúl Sosa había sido condenado 12 veces en años anteriores en corte estatal, incluyendo cuatro cargos de felonías.
El juez Moore detalló cada uno de los delitos previos de los que se acusó a Sosa, enfatizando en que su conducta delictiva habría empezado tan pronto éste llegó a Estados Unidos. Moore destacó un caso del 1995, cuando Sosa fue acusado de asalto agravador y apuntar un arma a un agente de la policía de Miami.
“Entonces que, ¿comparamos todo esto con que una vez [Sosa] le regaló cuatro gomas de automóvil a alguien?”, dijo Moore de manera burlona, en referencia a un comentario del abogado defensor Richard Díaz, quien describió a su cliente como un generoso hombre de negocios involucrado con la comunidad.
“Todo un ciudadano modelo”, dijo Moore de manera sarcástica.
En su defensa, Díaz minimizó el récord criminal de Sosa y lo presentó como una victima de la industria de las grúas y la venta de chatarras, que “esencialmente está controlada por la mafia”. En documentos de la corte Díaz dijo que el rival principal de Sosa había llevado a cabo un tiroteo en el terreno en el que Sosa desmantelaba los automóviles y almacenaba la chatarra. El rival también habría lanzado bombas incendiarias a los vehículos de Sosa. Díaz dijo que los arrestos pasados de Sosa relacionados con esos y otros incidentes en Miami, habían sido peleados en corte, resultando en muy poco castigo. Por las 12 condenas en un periodo de casi 20 años Sosa ha servido unos 36 días de cárcel.
Eventualmente Sosa mudó su negocio a Hialeah, donde encontró un territorio más amigable.
El jefe de la Policía de Hialeah, Sergio Velásquez, fue citado por la defensa para testificar sobre “las relaciones extraordinariamente positivas que el señor Sosa mantiene con la ciudad de Hialeah y su departamento policial”, de acuerdo con documentos federales presentados por Díaz.
Para el día de la sentencia, Arnie Alonso, el jefe de despacho del alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, escribió una carta de aval para Raúl y Maura Sosa, describiéndolos como “miembros respetados de nuestra comunidad”.
Pero al final, el juez Moore dijo que la evidencia dejaba claro que los Sosa son unos “tramposos de los impuestos” que llevaron a cabo una operación “sofisticada” para defraudar al IRS.
Los Sosa abrieron Accion 1 Auto Sales en Hialeah en el 2003, poco después de recibir cientos de miles de dólares tras alcanzar un acuerdo en una demanda contra la policía de la ciudad de Miami, por arresto injustificado. En ese entonces Raúl demandó a un agente de policía de Miami por propinarle una golpiza durante una pesquisa a su vivienda. Las autoridades estarían buscando sustancias prohibidas que no encontraron.
En su negocio en Hialeah la pareja compraba carros chocados o para chatarra y los desarmaban. Vendían las partes reusable a negocios de venta de piezas de autos y el resto del metal lo vendían a negocios de reciclaje.
El esquema de fraude se trató de reportar cifras de ventas menores que las reales en los retornos de impuestos anuales de la compañía Así, los Sosa reportaban menos ganancias en los reportes de impuestos y menos ingresos en sus reportes personales.
Raúl Sosa dijo al juez Moore el miércoles que apelaría su sentencia.




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