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La Policía 'advierte' a ciudadanos que no se acerquen al Malecón durante la visita de Kerry ni vayan a las misas del Papa.

Una notificación informal limita también la circulación por áreas públicas en las que se realicen actividades programadas para el verano, denuncian afectados.
Anverso de la notificación sin valor legal repartida por la policía política.
La Policía habría notificado a varios de ciudadanos que se les prohíbe "la circulación" durante la visita a La Habana del secretario de Estado estadunidense, John Kerry, este mes, y "la participación" en las actividades relacionadas con la presencia del papa Francisco en septiembre próximo.
Sin embargo, estaría utilizando una vía poco ortodoxa: un papel escrito a mano, sin nombre del destinatario, ni fecha, ni firma de autoridad o cuño que de validez al documento, denunciaron afectados a DIARIO DE CUBA.
Para ninguno de los casos consultados los tribunales de municipios como Centro Habana, Plaza, Cerro y Habana Vieja, han emitido un fallo que limite sus movimientos, "lo que supone una arbitrariedad por parte de la Policía", cuestionó Damaris Entenza, ciudadana del Cerro que recibió una de estas "notificaciones".
Entenza fue acusada en 2008 de "distribución y posesión de propaganda 'enemiga'".
"Cuando regresé del trabajo, la citación me la había dejado un oficial de la policía con el vecino", relató A. Melquiades. "Era un trozo de papel sin mi nombre, ni la firma de nadie. Hasta donde yo recuerdo, mis únicos 'delitos' son expresar públicamente mi criterio sobre este gobierno y no participar en ninguna actividad del Comité [de Defensa de la Revolución]. Por supuesto que iré a recibir a Kerry y al Papa porque es mi derecho ciudadano y esta es una notificación ilegal".
Según se pudo verificar, el contenido de las advertencias entregadas es el mismo:
—"Visita del secretario de Estados Unidos John Kerry el día 22 de julio: no circular por el área de Malecón", donde está ubicada la sede de la Sección de Intereses de Washington, que se convertirá en embajada.
—"Visita del Papa Francisco en el mes de septiembre: no estar en la misa de la Plaza de la Catedral. No asistir a la misa de la Plaza de la Revolución. No asistir a las iglesias de La Caridad y El Sagrado Corazón".
—"Actividades del verano: no estar circulando por áreas públicas afectadas por estas actividades".
Fuentes consultadas en la Fiscalía Provincial y en los tribunales municipales ratificaron que "la sanción de prohibición de frecuentar medios o lugares determinados", recogida en el Artículo 41 del Código penal, "se impone por el término de hasta cinco años". Pero "es prerrogativa exclusiva del tribunal" y se aplica "cuando existan fundadas razones para presumir que la presencia de un sancionado en determinado lugar puede inclinarlo a cometer nuevos delitos". Por regla general, se utiliza para delitos "contra la integridad física, hurtos y robos".
Luis Herrera Paz, vecino de Habana Vieja que el pasado mes de mayo denunciara el burocratismo y la corrupción que afecta a ciudadanos subsidiados por la Asistencia Social, cree que "este puede ser el único motivo" para prohibirle recibir al Papa y a Kerry.
Relató que, al ser notificado, de inmediato se dirigió a su "jueza de ejecución, en el tribunal de Campanario e/ San Rafael y San Miguel", quien le ratificó que "no había emitido ningún dictamen, ni fue consultada al respecto por ninguna autoridad policial".
La preocupación no es "por prohibirme ver al Papa" sino "por las actividades del verano, pues tengo una hija de 10 años que no es culpable de mi pasado ni de mi forma de pensar; ¿o acaso mi condición de haber sido uno de los 'excluibles' es infinita?", criticó Herrera Paz.
Héctor Martínez, vecino del consejo popular Nuevo Vedado, en Plaza, procesado por salida ilegal del país en 1991, recela de esta notificación: "Este es el tercer Papa que visita la Isla y jamás se me había prohibido participar en ninguna otra actividad. Aunque no pertenezco a ningún partido opositor, son bien conocido en mi vecindario mis criterios sobre el Gobierno y su represión contra la sociedad civil".
Los ciudadanos afectados son del criterio de que la "policía política" está recurriendo a este tipo de notificaciones informales para poder eludir cualquier acusación de haber violado derechos ciudadanos y de haber "excedido la autoridad de los tribunales".
Según el propio Artículo 41 del Código Penal, es el tribunal el que "comunica a la PNR" restricciones de este tipo, "a fin de que, durante su ejecución, controle y oriente al sancionado e informe al tribunal cualquier incumplimiento por parte de éste".
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